TODOS A CUBIERTO

Desde hace ya un tiempo planea sobre el panorama jurídico nacional la posibilidad de reforma de la Ley 34/2006, relativa al acceso a las profesiones de abogado y procurador. El Ministerio de Justicia, que actúa en un intento de que la Comisión Europea cierre el expediente que tiene abierto España por causa de los aranceles, ha planteado una posible unificación del acceso a las profesiones. Se sugiere, por otra parte, que los alumnos, en el máster habilitante, realicen prácticas en abogacía y en procura.

Además, recientemente, fuentes del Ministerio se han mostrado favorables a la eliminación de una de las dos pruebas que cada año se convocan para el acceso a la abogacía, argumentando que son una “prueba de Estado”. Asimismo, voces del Consejo General de la Abogacía Española planteaban la posibilidad de incorporar una prueba oral al examen.

Como pueden ver, no es venial la reforma que se está gestando, si bien hay fuentes que afirman que es prácticamente imposible, desde un punto de vista material, que dicha reforma se plantee finalmente en los términos que está concebida a día de hoy. Ahora bien, dada la complejidad de la materia, será mejor hacer un análisis pormenorizado.

El primer hecho destacable es que, sin duda, la procura debe ser salvaguardada; no podemos permitir que las reformas legislativas eliminen tácitamente un oficio -si lo hicieran, como mínimo debe ser de modo explícito-. La reforma que plantee el Ministerio debe prever la fórmula para garantizar que el de procurador no pase a ser un oficio que, para ejercerlo, surjan más inconvenientes que beneficios -porque suficientemente reducido es el número de procuradores ya en nuestro país.

Ahora bien, la fórmula ideada por nuestro siempre apreciado Ministerio es un imposible rotundo: no se puede siquiera plantear que haya prácticas obligatorias en procura para todos los estudiantes de abogacía. Resulta absolutamente fantasioso imaginar que los pocos centenares de procuradores puedan acoger en prácticas al ingente número de candidatos que cada año se presentan a las pruebas de abogacía.

Consecuentemente, si se exigieran prácticas en procura para poder obtener el máster habilitante, simplemente no se expedirían títulos, por un sencillo desbordamiento del sistema. Una idea tan elemental parece no haber sido planteada en la cúpula ministerial. Misterios del Ministerio.

Respecto a la locución “prueba de Estado”, usada por el Ministerio para incluir en dicha denominación la prueba de acceso a la abogacía, debo decir que el uso de esos términos no elimina la elevada demanda de acceso a la profesión de abogado. El Ministerio, tal y como han reconocido fuentes del mismo, tiene problemas cada vez que hay que convocarlas por la dificultad de encontrar espacios y por la tarea logística que supone. Tal vez por eso el Ministerio de Justicia ha protagonizado retrasos más que injustificados en las pruebas de acceso a la abogacía, que parecen organizadas cada vez más a desgana. Bien se nos vale de CONEDE, sus comunicados y su diálogo calmado y serio con el Ministerio.

Volvamos en este punto a la reducción de dos pruebas anuales de acceso a la abogacía a una; si el Ministerio ya está desbordado y tiene dificultades en la organización de dos pruebas actuales por el volumen de alumnos que ya hay en cada una de ellas, ¿cómo se les ocurre, mentes de la Administración, pensar en reducir las dos pruebas a una? Tengan en cuenta, además, que muchas universidades que tienen organizado su Máster para terminar en una determinada época del año, orientado a un ulterior examen, tendrían que reorganizarse y reubicar sus másteres en el calendario. Casi nada.

Por último, respecto a la incorporación de una prueba oral al examen de acceso, fíjense, apreciados lectores, que ya es la segunda vez que hablamos de reorganizar el examen. O tal vez no, tienen razón: todo el artículo versa sobre la reorganización del examen y del acceso. Incluso del máster en sí, si ustedes quieren. Y, con todo ello, me surge inevitablemente una cuestión, que tal vez devenga polémica: ¿podría ser que estemos intentando suplir las carencias del grado con reformas de los títulos posteriores?

La sola idea de exigir un máster en abogacía o en procura resulta, a mi juicio, insólita, pudiéndose tratar asuntos referentes a litigación y a deontología en los cursos del grado. Si no es así, el grado resulta incompleto. Y no es ésta la única cuestión que se echa en falta, no es su única carencia. Es el grado el que debe garantizar una formación completa y el que debe abrir las puertas de la profesión, no el máster.

Sigamos, si les parece, con los grados. Observando las distintas universidades españolas, vemos que cada una tiene una organización completamente distinta en sus grados de Derecho. Asignaturas que, en algunos casos, revisten obligatoriedad, en otros casos son meras optativas, mientras que en otros lugares ni siquiera se ofertan. La formación de un estudiante de Derecho puede diferir considerablemente no en función del itinerario específico que escoja o de las optativas que seleccione, sino de la universidad donde estudie. Por otra parte, las normativas de convalidación son también distintas, y en algunos casos las guías docentes quedan relegadas al más puro simbolismo. La autonomía universitaria, en este sentido, ha ido, a mi parecer, demasiado lejos.

Regresando al punto anterior; la solución, apreciados políticos, abogados, procuradores, estudiantes y lectores en general, no se encuentra en el último eslabón de la pirámide. En el cuento de H. C. Andersen, el guisante estaba bajo el primero de los veinte colchones, no encima del último. Claro que aceptar esa realidad supone tener que dar una solución mucho más elaborada y que, por supuesto, generaría numerosos conflictos, y eso es lo que algunos parecen rehuir siempre a toda costa. Ahora bien, cuantas más noches con el guisante bajo los colchones, menos horas de sueño -y, a la larga, mayores perjuicios de salud. Allá ustedes.

Esperemos que todos los asuntos y cambios con los que últimamente se especula se resuelvan -y, desde luego, que se replanteen. Por el momento, los estudiantes, representados en CONEDE, trabajaremos a conciencia por todo ello, reivindicando lo que más nos afecta: nuestro futuro. Ahora bien, cuando se plantee definitivamente el proyecto, si no se ha hecho con el consenso de todos, tendremos que ver qué ocurre. Y, desde luego, ponernos todos a cubierto.