REDES SOCIALES, CENSURA, PLURALISMO

Germán M. Teruel Lozano

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Murcia / Libex

Jueves, 25 Marzo, 2021

El objeto de la intervención y es reflexionar sobre en qué medida están en juego la libertad de expresión y la libertad de empresa en el mundo de las redes sociales y en qué medida cabe su regulación. Si estaría justificado normativamente imponer un deber de moderación de contenidos a las redes sociales y si éste debería respetar los estándares derivados de la libertad de expresión; y qué garantías y obligaciones pueden imponerse a las redes sociales para salvaguardar los derechos de los usuarios.

A este respecto, debe comenzarse reconociendo que en el mundo virtual se desarrollan distintas actividades: hay negocios, hay comunicación interpersonal pero también hay mucha conversación. Y precisamente en ese “barrio” del mundo virtual que configuran las redes sociales tenemos eso: la posibilidad de conversar. Hay, lógicamente, quien escupe o rebuzna. Pero, fundamentalmente, son un espacio para compartir ideas, opiniones, noticias… Por todo ello, creo que en las redes sociales, prima facie, se ejercen las libertades de expresión y de información, entendidas como un ius communicationis. Un derecho amplio a comunicarse en libertad que reconoce el valor en sí de la comunicación como expresión fundamental de todo ser humano, social y locuaz por naturaleza.

Ahora bien, hay que ver cómo se proyectan estas libertades, con qué límites y también como preservamos el valor del pluralismo que debe caracterizar ese espacio virtual, como un valor objetivo a proteger por cualquier democracia. Y, a tales efectos, debe distinguirse la diferente posición que tienen usuarios de las redes sociales y las propias redes sociales.

En este sentido, los usuarios de las redes sociales ejercen su libertad de expresión con límites similares a los que existen en el mundo virtual. Adicionalmente, puede plantearse si podría declinarse una suerte de derecho de acceso a un Internet abierto entendido más allá de concebirlo como un suministro para llegar a afirmar que existe un derecho a acceder a las redes sociales. Una perspectiva sería: No hay un derecho a publicar en un periódico o a que a uno le hagan una entrevista en la televisión, y tampoco lo habría a publicar en twitter. Sin embargo, la perspectiva creo que debe ser otra: el carácter abierto, espontáneo y multilateral de la comunicación en las redes sociales, creo que debe llevarnos a otro paralelismo como serían los espacios abiertos al público y, en su caso, con reserva del derecho de admisión. Y, desde esta perspectiva, aunque tengo serias dudas de que podamos configurar un derecho en sentido “fuerte”, como derecho subjetivo a acceder a las redes sociales, sí que creo que, cuando menos, debemos reconocer un interés público a tutelar, en relación con el pluralismo, que puede justificar imponer determinadas cargas a estas plataformas, como se hace con establecimientos abiertos al público.

Así las cosas, las redes sociales ejercen su libertad de empresa, traducida en la clásica libertad de creación de medios de comunicación, aún diferente de los medios clásicos, pero que, en todo caso, admite una regulación que prevea ciertas cargas y límites a su actividad. De ahí que haya que plantearse el modelo regulatorio de las mismas y, a este respecto, enfatizo la necesidad de una intervención pública para domesticar esos “poderes salvajes” (Ferrajoli).

Y a este respecto se plantean dos grandes problemas clave entrelazados: el acceso y la moderación de contenidos; y la responsabilidad por los contenidos publicados por terceros. En cuanto a la primera cuestión, creo que las redes sociales son libres de decidir su política de admisión y de moderación de contenidos. No está justificado considerarlas un “foro público” y exigirles que respeten la neutralidad ni los cánones propios de la libertad de expresión al moderar contenidos. Ahora bien, en mi opinión sí que pueden imponérseles normativamente una serie de cargas para salvaguardar el pluralismo y la posición de los usuarios ese interés en el acceso a un Internet abierto. En particular: 1) Claridad y transparencia en las condiciones de acceso y de moderación que libremente establezcan las redes sociales. 2) Mecanismos para la retirada expedita de contenidos ilícitos cuando lo comunique la autoridad pública competente. 3) Neutralidad en la moderación de contenidos en momentos electorales (caso Twitter c. Vox). 4) Sistemas efectivos de reclamación (ver el modelo de la Digital Service Act que prevé tanto sistemas internos de reclamaciones como de resolución extrajudicial). En relación con la segunda cuestión, la responsabilidad de las redes sociales por contenidos publicados por terceros, creo que habría que reforzar la regla del buen samaritano como ha defendido Joan Barata. Las redes sociales no deben ser responsables por los contenidos publicados por terceros siempre que hayan cumplido con diligencia con su procedimiento de moderación. Pueden ser responsables si no retiran un contenido ilícito del que tienen conocimiento efectivo por la autoridad pública, en principio judicial. O si, teniendo un sistema de moderación, no lo han aplicado diligentemente. Pero hay que evitar responsabilizarlas más allá.

Desde esta perspectiva, me preocupa la deriva apuntada por la normativa europea en dos puntos: por un lado, en la medida que extiende la responsabilidad de las redes sociales que puede llevar a un exceso de celo en la moderación de contenidos que genera un peligro cierto de censura privada que comprometa el pluralismo en Internet y, por otro, porque confía en las redes sociales como órganos “vicariales” (Víctor Vázquez) de los podres públicos en la labor de control de los contenidos de las redes sociales eludiendo la garantía judicial.

 

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