El proceso de vacunación avanza con velocidad creciente y el verano aporta su cuota de alegría complementaria. Un rumor de optimismo comienza a percibirse en las calles de las ciudades españolas. Aunque debe recordarse lo sucedido hace un año y llamar a la prudencia, hay que congratularse por el nuevo estado de ánimo. Los ciudadanos y el País lo necesitamos como factor de cambio y progreso. Tiempo de ilusión que convendría fuese también el momento de empezar a hacer un balance sosegado de lo sucedido. Evaluar daños, diagnosticar fortalezas y debilidades y establecer objetivos a corto y medio plazo debe constituir el núcleo de la agenda política inmediata. Hay muchas cuestiones que tendrían que ser estudiadas con detenimiento. Entre ellas, hoy quisiera referirme a nuestro modelo de organización territorial, al Estado autonómico.
Las crisis son siempre riesgo y oportunidad. Reflejan con claridad lo que no funciona y muestran las fortalezas de un modelo, algunas veces desconocidas o insospechadas. Se puede anticipar que el balance de la respuesta de nuestro modelo territorial a la crisis provocada por la pandemia, ha sido positivo. Por supuesto, se trata de una afirmación general que necesita ser matizada. También se han podido detectar disfunciones, en algún caso graves. Pero, en términos generales, debemos celebrar su buen funcionamiento. Más allá de aciertos o errores concretos relacionados bien con el Estado bien con una u otra Comunidad Autónoma, es posible afirmar que el Estado autonómico sale reforzado.
Durante la crisis, se han implementado distintos modelos de gestión. Su duración y la diversidad de circunstancias, lo provocaron. Sin duda, fue en las primeras semanas de la pandemia cuando el modelo territorial transmitió una imagen más caótica. Ausencia de coordinación en las compras de material imprescindible; desapoderamiento de la Administración central; caos en la gestión de las residencias de ancianos.... Fueron problemas graves y algunos anticiparon la crisis del modelo. Los ciudadanos no comprendían lo sucedido y sería necesario rectificarlo. Esencialmente, habría que fortalecer las estructuras centrales del Estado. En una segunda etapa, el modelo cambió radicalmente. La gestión de la epidemia fue delegada en las Comunidades Autónomas, en concreto en sus Presidentes, y la epidemia, si bien plenamente activa, al menos, era más conocida. Por ello, éste era el momento de observar con detenimiento cómo se comportaba el modelo territorial durante una crisis que, esta vez sí, podía calificarse como extraordinaria.
He avanzado que el juicio es positivo. En mi opinión, esta afirmación está avalada por varios argumentos. El primero de ellos, desde luego, es la reafirmación del significado mismo de la autonomía política. Situaciones diferentes exigen respuestas diversas. La epidemia ha demostrado la utilidad de esa flexibilidad. Junto a ello, destacaría una notable capacidad de respuesta del sistema sanitario, evidenciado tanto en la gestión misma de la enfermedad como en la agilidad con la que se ha desarrollado el proceso de vacunación. En general, los ciudadanos lo han percibido así, tal y como demuestran las encuestas. Lógicamente, no todo ha sido positivo. Entre las cuestiones negativas que pueden alegarse, estarían los déficits de coordinación o el caos normativo producido tras la finalización del estado de alarma, una situación que, con razón, no ha sido entendida por la ciudadanía. Junto a ello, habría que citar la necesidad objetiva de reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones centrales. Son cuestiones que delatan problemas relevantes que exigen cambios. Pero no pueden erosionar el juicio global realizado.
Dese esta premisa, es el momento de mirar al futuro. Hace tiempo que es preciso revisar nuestro modelo territorial. La crisis provocada por la Covid 19 ha proporcionado enseñanzas que deberían ser aprovechadas. La funcionalidad del modelo debe imponerse a cuestiones identitarias o al reparto de pequeñas cuotas de poder. Un Estado moderno debe enfrentar retos que exigen fortalecer la unidad, diversidad y flexibilidad que el Estado autonómico representa. Un proceso que bien podría hacerse mediante la acomodación de nuestra estructura territorial a los cánones de la ortodoxia federal. Cánones moderados y garantes últimos de la unidad del Estado. Porque, en España siempre es preciso recordarlo, federalismo es sinónimo de orden y fortaleza del Estado. Exactamente las carencias que la pandemia nos ha enseñado debemos corregir.
