En los últimos días son numerosas las noticias que proclaman el avance de la campaña de vacunación contra el Covid-19. Pero, ¿qué hay detrás de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19?, ¿puede colacionar dicha estrategia con algún derecho fundamental amparado en la Constitución Española de 1978? Y, finalmente, haciendo una visión hacia el futuro, ¿qué sucederá con los llamados “pasaportes de vacunación”?
Un grupo de residentes turcos de Wangen (Suiza) quería construir un minarete sobre el tejado de su mezquita. Se les denegó el permiso y el asunto acabó en el Tribunal Supremo del país, en medio de un fuerte debate con todos los partidos políticos del país involucrados. Los jueces suizos fallaron a favor de su construcción, puesto que prohibirlo no respetaría la libertad de culto consagrada por su Constitución. Sin embargo, los partidos no quisieron acabar con la polémica y la sociedad suiza decidió en referéndum, con un 58% de votos a favor, la prohibición de minaretes.
El 17 de diciembre del pasado año, se aprobó la Proposición de Ley Orgánica de la regulación de la eutanasia. Una Ley envuelta en polémica, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones.
Está Ley, a la espera de tramitarse en el Senado, convertirá a nuestro país en uno de los 6 países del mundo, y el cuarto europeo, que contempla este derecho a la muerte digna en sus ordenamientos jurídicos.
En plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus, renace una reivindicación nada novedosa en el mundo sanitario, y es la eterna lucha de los profesionales veterinarios para que su actividad sea considerada una profesión sanitaria.
Aunque la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece que los veterinarios, junto a otros profesionales, son sanitarios, en la práctica este aspecto no se materializa.
No sabemos cómo ni cuándo terminará la crisis del COVID-19, y menos aún conocemos con alguna certeza cuáles serán sus consecuencias finales. Sumergidos en la segunda ola, es el Estado el que ha asumido la total responsabilidad de sacarnos a flote. Pero el Estado no es sólo el Gobierno, y la continua inestabilidad y fragilidad que éstos han venido mostrando en el último lustro han acabado erosionando al resto de los poderes que se relacionan con él.
