LA PROHIBICIÓN DE DELEGACIÓN DEL VOTO DE LOS ACUSADOS DEL “PROCES”: LA STC 65/2022

Daniel Fernández Cañueto

Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Lleida

Miércoles, 3 Agosto, 2022

El 3 de mayo de 2018, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó un recurso de amparo contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento catalán que permitieron delegar el voto tanto a Carles Puigdemont como a Antoni Comín, ambos prófugos de la justicia española sobre los que pesaban sendas órdenes de búsqueda y captura por estar acusados de rebelión, sedición y malversación. 

Al parecer de los recurrentes, como no concurría ninguno de los supuestos que permitían la delegación del voto ex art. 95 RPC (baja por maternidad/paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad debidamente acreditada), ni tampoco se había tenido en cuenta que los diputados sobre los que pesaba dicha orden de búsqueda no podían delegar el voto en otros parlamentarios (con base en la medida cautelar del ATC 5/2018), la aceptación de la delegación por parte de la Mesa alteraba de manera ilegítima las mayorías existentes al permitir contabilizar un voto irregularmente emitido, así como quebraba la igualdad entre los diputados porque quien ejercía el voto por delegación tenía doble voto. Cuestiones ambas que “violentaban” el pluralismo político y lesionaban su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público (art. 23.2 CE) en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).

Pues bien, la STC 65/2022, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, se ha inclinado por otorgar el amparo. Y lo ha hecho a través de la siguiente argumentación concatenada:

  1. Que un indebido ejercicio del derecho de voto por parte de un parlamentario puede afectar al ius in officium del resto, pues al ser el voto el modo mediante el cual se expresa la voluntad de la Cámara, permitir ejercerlo de manera incorrecta implica no solo alterar el resultado final, sino también que los votos válidamente emitidos tengan un menor peso en la formación de la voluntad del órgano colegiado.
  2. Que la prohibición del mandato imperativo (art. 67.2 CE) y el carácter personal e indelegable del voto (art. 79.3 CE) resultan de aplicación a todos los cargos públicos representativo (también los autonómicos) y no solo a los miembros de las Cortes Generales, pues al expresar exigencias que son inherentes al ejercicio de la función representativa, se encuentran implícitos en el derecho que consagra el art. 23 CE.
  3. Que esa personalización e indelegabilidad del voto ex art. 79.3 CE comporta que solo el titular del cargo público representativo puede determinar el sentido de su voto, pues de no ser así se iría en contra de la esencia de la representación política al romperse el vínculo entre representante/representados consagrado en el art. 23.1 CE. Así pues, ni las normas que configuran las facultades que integran el ius in officium de los parlamentarios ni los órganos de gobierno de la Cámara pueden despojar al representante del derecho del voto, atribuírselo a otro representante o permitir que el propio representante lo ceda voluntariamente.
  4. Teniendo en cuenta el significado constitucional del art. 79.3CE, para que el voto delegado sea constitucional: a) debe concebirse como una posibilidad extraordinaria de que un representante convierte a otro en mero portavoz del sentido de su voto, pues esta es la única manera de que la decisión sobre qué votar la adopte el propio titular del derecho y no el diputado en el que se ha delegado su ejercicio. Y b) el procedimiento que lo desarrolla debe hacer aflorar de manera fehaciente y con anterioridad cuál es el sentido del voto del delegante, así como la forma en que el diputado delegado debe acabar manifestando dicho voto.
  5. Ahora bien, aunque el artículo 95.2 RPC es constitucional si se interpreta en el sentido que se acaba de exponer, tanto la petición de delegación de Carles Puigdemont y Antoni Comín como su aceptación por parte de la Mesa se realizaron de manera genérica (teniendo “efectos durante el tiempo que dure mi situación de para asistir a los plenos, sean ordinarios o extraordinarios”) y sin especificar en ningún momento el sentido del voto. Ello implica que, a través de dicha delegación, los referidos diputados confirieron a otro miembro de la Cámara el ejercicio del derecho de voto sin expresar su sentido, permitiendo de este modo que fueran los miembros de la Cámara en quienes se delegó el voto quienes lo determinaran cuando fuera menester, rompiendo con ello el principio de personalidad del voto que constituye un límite infranqueable a cualquier delegación de voto.
  6. Además, tampoco puede interpretarse que nos encontremos en el supuesto de incapacidad prolongada fijado en el artículo 95.2 RPC, pues ambos cargos públicos no acuden al Parlament simplemente por el riesgo de detención derivado de su situación procesal.

En definitiva, la STC 65/2022 acaba otorgando el amparo porque la aplicación que ha efectuado la mesa del artículo 95.2 RPC no es conforme al artículo 23 CE. Y eso es así porque, al permitir que los diputados a quienes se ha otorgado la delegación determinen el sentido del voto delegado se vulnera el principio de personalidad del voto, lo que conlleva la conculcación tanto del artículo 23.1 CE al romper el vínculo entre representantes/representados como del artículo 23.2 CE al tener dos votos el parlamentario delegante.

Asimismo, considero de gran interés resaltar los argumentos principales del voto concurrente emitido por los magistrados Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón. Aunque ambos comparten el fallo estimatorio, dos son los principales motivos por los que difieren de su argumentación:

  1. Porque la sentencia parte de una reflexión sobre la naturaleza constitucional del voto parlamentario que no era necesaria para resolver la pretensión de amparo planteada, pues como la lesión del derecho fundamental no procedía del artículo 95.2 RPC sino de su aplicación, el Tribunal debió abstenerse de formular un juicio de constitucionalidad abstracto. Así pues, la única ratio decidendi necesaria se encuentra en el FJ7, donde se afirma que el supuesto de incapacidad prolongada que ha sido invocado no es admisible porque lo que realmente hay es una falta de voluntad personal de presentarse en la sede parlamentaria ante el riesgo de detención derivado de su situación procesal.
  2. Y porque desarrolla un canon innovador en relación con la personalidad del voto que a) define un solo modelo constitucionalmente admisible de voto delegado dónde éste se equipara al voto telemático pero articulado a través de otro diputado, b) presupone que el debate parlamentario previo es perfectamente prescindible y en nada va a influir en el sentido del voto porque debe emitirse antes y c) impone una configuración uniforme del voto parlamentario no prevista en el título VIII de la Constitución.

Por último, dado que el fallo solo tiene efectos declarativos, a mi entender, su importancia reside en desplegar una interpretación cuyo objetivo es intentar salvar la constitucionalidad del voto delegado. Es decir:

  1. No deja de sorprender que pueda ser compatible una regla tan clara como la de “el voto es personal e indelegable” del artículo 79.3 CE, con el desarrollo reglamentario de la delegación del voto. Dicha contradicción únicamente puede superarse afirmando que, en realidad, delegar el voto no implica una auténtica delegación porque no significa que otro representante vote por ti. Y es precisamente esto lo que sucede en la STC 65/2022.
  2. Es cierto que, como afirma en el voto concurrente, quizá hubiera sido mejor plantear una cuestión interna de constitucionalidad para evaluar el ajuste del artículo 95 RPC con el art. 79.3 CE, pues es discutible utilizar el procedimiento de amparo para formular un juicio de constitucionalidad abstracto del cual se extraigan conclusiones generales.
  3. Pero, una vez iniciado dicho análisis, el resultado no ha sido otro que manifestar la constitucionalidad del voto delegado (y, por tanto, el art. 95.2 RPC) siempre y cuando se interprete que éste consiste en que un representante político actúe como mero portavoz del voto manifestado previamente por otro representante. O, expresado de otro modo, que delegación del voto no significa delegar la decisión sobre el sentido del voto, sino solamente delegar su expresión ante los órganos del parlamento.

En definitiva, la importancia de la STC 65/2022 reside en que, ante la disyuntiva de considerar que el voto delegado es inconstitucional por ser incompatible con el artículo 79.3 CE o manifestar su constitucionalidad aún a costa de desvirtuar el significado de la delegación del voto, escoge la segunda opción. Derivándose de dicha elección problemas secundarios como la relación entre la naturaleza deliberativa de las decisiones de la Cámara y la emisión del voto antes del debate o la obligada homogeneización de la normativa autonómica.

Cortes de Aragon

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