El Gobierno ha reaccionado ante el último proyecto independentista, la creación de una República Digital Catalana, respondiendo con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Una norma que, sin embargo, ha inquietado al suscitarse la cuestión de si, con ella, el Gobierno está regulando una suerte de estado de excepción digital.
