¿ES NECESARIO UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES?

Ana Isabel Lima Fernández

Presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Presidenta de la Federación Internacional Europea de Trabajo Social (FITS Europea)

Miércoles, 7 Marzo, 2018

Según el Consejo General del Trabajo Social en los países occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial, la intervención del Estado fue decisiva en materias como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, gozando así los/as ciudadanos/as de unos niveles de bienestar hasta el momento no logrados.

Esta intervención del Estado se centraba principalmente en el pleno empleo, un nivel mínimo de vida garantizado y servicios sociales universales.

En España los antecedentes más cercanos del Estado de Bienestar se sitúan en los años sesenta, destacando el importante peso del sector privado en la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales. Mientras que en 1957, Caritas Nacional crea la Sección Social con el claro objetivo de superar la beneficencia pública y desarrollar los servicios sociales; será en 1963 cuando la protección pública del Estado español cree el Sistema de la Seguridad Social con prestaciones básicas y complementarias, en las que se verán incluidos los servicios sociales y la asistencia social de la Seguridad Social.

Ha habido una evolución histórica en España en los términos utilizados y asociados al Bienestar Social, así como el desarrollo en las formas de intervención social y de afrontar los problemas sociales.

Se pueden distinguir diferentes fases o etapas sucesivas y coexistentes: 1ª Fase de Caridad, 2ª Fase de Beneficencia Pública. 3ª Fase de Asistencia Social, 4ª Fase de los Servicios Sociales.

En España, ya en el siglo XIX, coexistirán los conceptos de beneficencia y de asistencia social.

El Estado del Bienestar aparecerá también después de la Segunda Guerra Mundial, otorgando un papel creciente a los Servicios Sociales, pero orientados ya hacia la prevención y a la calidad de vida de la ciudadanía. Es a partir de los años 70, cuando la intervención del Estado en aras de un mayor bienestar social de los/as ciudadanos/as se hace más evidente; sobre todo con la implantación de la Ley General de Educación de 1970 (Ley Villar Palasí) y la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de la Seguridad Social de 1972.

El Consejo de Europa los define los Servicios Sociales como organismos cuya misión es la ayuda y asistencia personal a individuos, grupos y comunidades para favorecer su integración. También se definen en España desde la década de los años 70 como instrumentos de la política social para la atención a necesidades sociales de personas, grupos y comunidades, además deben desarrollar condiciones de igualdad y crear valores sociales para la obtención de bienestar social y calidad de vida (Las Heras 1998). Está claro que desde sus inicios su objeto esencial es mejorar la calidad de vida y procurar la mayor autonomía e integración social favoreciendo el acceso a los derechos sociales y a los recursos. En los últimos años se sigue perfilando su finalidad con la interacción de las personas en todas sus dimensiones como la autonomía funcional y la integración relacional en un amplio espectro de redes familiares, sociales (Fantoba 2017).

Los Servicios Sociales evolucionaron en estos últimos años. El primer “punto de inflexión” en nuestro país es con la Constitución de 1978, aunque no formule, expresamente, el reconocimiento del sistema público de Servicios Sociales, que contiene un mandato para que los poderes públicos realicen una función promocional del bienestar social; así en el artículo 1 se proclama al país como un “Estado Social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y se establece que las competencias en materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autónomas y con la aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios sociales. Se reordena el Estado de Bienestar con la aprobación de la Constitución Española en su Art. 41 de la Seguridad social y las prestaciones sociales, además de hacer mención expresa de los servicios sociales en al Art. 50 y los relaciona con las personas de la tercera edad.

En el análisis del proceso histórico de los servicios sociales en España se puede hablar de tres etapas y el inicio de los que podríamos denominar llamar una cuarta etapa. La primera de nacimiento y construcción del modelo (1975-2005), la segunda de consolidación del modelo y establecimiento de derechos subjetivos (2006-2010), la tercera de crisis económica y debilitamiento de los derechos sociales a partir de 2011 y una cuarta que camina hacia un Nuevo Modelo de Servicios Sociales a partir de 2017.

Etapas del proceso histórico de los Servicios Sociales: 1. Nacimiento y construcción, 2. Consolidación del modelo y establecimiento de los derechos subjetivos, 3. Crisis económica y debilitamiento de derechos sociales (Informes ISSE), 4. Hacia un nuevo modelo de servicios sociales (Nuevas leyes de Andalucía, Valencia, Murcia etc., el planteamiento de nuevos modelos autonómicos y de un Modelo Estatal por parte del Consejo General del Trabajo Social).

Las investigaciones realizadas por el Consejo sobre la opinión de los/as trabajadores/as sociales sobre los servicios sociales que han dado lugar a los Informes ISSE I y II han puesto de manifiesto una información rigurosa y valiosa para poder analizar el impacto en la población de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno y vincularlos a los servicios sociales y los derechos humanos. Han participado en cada informe 1.400 trabajadores sociales y 36 colegios.

• Los ejes claves del primer informe ISSE

• 1. Privatización de los servicios sociales

• 2. Las consecuencias de los recortes

• 3. El aumento de la demanda

• 4. El perfil de la persona usuaria

• 5. Los retos de los servicios Sociales

• Las claves del II ISSE

• 1. Valoración de la gestión de la crisis y los colectivos más

afectados

• 2. La reforma local

• 3. Marea naranja

• 4. Conocimiento del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

• 5. Vinculación de los servicios sociales a los DDHH

Se está elaborando el tercer informe ISSE.

El sistema público de servicios sociales debería avanzar hacia un marco estatal que equilibre las actuales desigualdades y hacia la garantía de derechos subjetivos de la ciudadanía a los servicios sociales y su universalidad, las dimensiones organizativas deseables desde la atención a la dimensión integral e integrada, lo que conlleva pactos de gobernanza entre diversos agentes y las nuevas formas de participación y espacio social para avanzar en la democratización de los servicios.

Hay muchas propuestas sobre la mesa por parte de distintos colectivos y también por parte del Consejo General del Trabajo Social que pasan desde una reforma constitucional para incluir los servicios sociales como derecho fundamental, una nueva legislación marco y un nuevo modelo de servicios sociales. Desde 2017 parece haber un avance en la preparación y aprobación de nuevas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales como la de Andalucía, Valencia, Murcia etc., además del planteamiento de Nuevos Modelos autonómicos de Servicios Sociales y de un Modelo Estatal por parte del Consejo General que se lleva desarrollando hace dos años y será presentado en noviembre de 2018.

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