Paloma Biglino Campos
Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid.
Miércoles, 14 Febrero, 2018
La crisis económica que comenzó en 2008 ha puesto en peligro la definición de España contenida en el artículo 1.1 de la Constitución. Los recortes en gastos sociales y los casos de corrupción han acabado por afectar al sistema democrático, ya que se reprocha que nuestros dirigentes no hayan demostrado suficiente sensibilidad a las demandas sociales. La crisis afecta más a la manera en que los representantes ejercen sus funciones que a la forma en que son elegidos o a la manera en que toman decisiones.
Por ello, la mejor manera de hacerle frente es potenciando el principio de responsabilidad de los poderes públicos, proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución. Este punto de vista resulta útil para examinar la funcionalidad de las instituciones de democracia directa y proponer algunas reformas. Ahora bien, enfocar la crisis como una quiebra de la legitimidad de ejercicio sirve, sobre todo, para enfocar los límites que afectan a la representación.
Aunque siempre es posible modificar el sistema electoral, hay que recordar que ningún sistema asegura que los representantes ejerzan su función de manera adecuada. Para garantizar que las asambleas representativas, los miembros que las componen y los partidos políticos que los proponen como candidatos sean más sensibles ante las demandas ciudadanas, es conveniente repensar las formas de control social, político y jurídico que existen en nuestro ordenamiento y que están destinadas, precisamente, a activar las distintas formas de responsabilidad inherentes a la democracia.
*Resumen de ponencia de su intervención en la Jornada "Homenaje a la Constitución Española en su 40 Aniversario", celebrada el día 14 de febrero de 2018
