CORONAVIRUS SARS-COV-2 Y DERECHOS FUNDAMENTALES (21). ESTADO DE ALARMA Y EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN

Miguel Ángel Presno Linera


Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo

Lunes, 26 Octubre, 2020

El día 21 de octubre, organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad, se celebró el Seminario “Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma a debate” en el que fui invitado a participar junto con Carlos Garrido, organizador académico, Itziar Gómez, Lorenzo Cotino y Francisco Javier Díaz. Aquí está el vídeo de la sesión

Mi intervención se centró en el ejercicio del derecho de reunión durante el estado de alarma por COVID-19 y aunque más adelante saldrá una publicación con las ponencias presentadas, más los trabajos de otras personas, aquí resumo las conclusiones principales: 

1ª. El derecho de reunión, que incluye tanto las concentraciones como las manifestaciones, tiene una extraordinaria importancia en un Estado democrático porque, entre otras cosas, permite la exteriorización colectiva de las diferentes opiniones presentes en la sociedad, sirviendo así al pluralismo y al propio ejercicio de otro derecho tan relevante como la libertad de expresión. No está sujeto a ninguna autorización previa, sí debe ser notificado su ejercicio si se pretende desarrollar en un espacio público. 

2ª. Como la libertad de expresión, este derecho ampara la exteriorización, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de opiniones que pueden molestar u ofender a las personas opuestas a las ideas o reivindicaciones que esté intentando conseguir. Por este motivo, no cabe la prohibición de reuniones en las que se cuestionen las medidas sanitarias contra el COVID-19 o, incluso, se niegue su gravedad, siempre, claro, que se trate de reuniones pacíficas, sin armas y, en su caso, guardando las adecuadas medidas de seguridad. 

3ª. Se trata, como la casi totalidad de los derechos fundamentales, de una libertad sometida a límites, algunos previstos de manera expresa en la Constitución, y otros que se derivan de la necesidad de garantizar otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos. 

4ª. Como ocurre con los demás derechos fundamentales, tampoco el de reunión puede ser suspendido salvo en los estados de excepción y sitio y ni siquiera en éstos eso tiene que implicar necesariamente la “desaparición” del derecho. 

5ª. El Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma no incluyó limitaciones al ejercicio de este derecho, cosa lógica si se tiene en cuenta que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio no las prevé aunque sí contempla la posibilidad de “ a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. Ese Decreto sí mencionó limitaciones a la libertad de culto, lo que afectaría a las reuniones de carácter religioso, que no quedaron prohibidas sino condicionada: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro” (artículo 11). 

6ª. Durante la vigencia del estado de alarma el régimen del ejercicio del derecho de reunión es el general previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica 9/1983, que desarrolla este derecho, por lo que cabría “prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación” y ello con el objetivo de “evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales” (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). 

7ª. En su caso, y para prohibir o condicionar el ejercicio del derecho, es preciso que “existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4). 

8ª. “Si existen dudas sobre la producción de estos efectos, una interpretación sistemática del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del principio de favor libertatis y a la consiguiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentración” (STC 163/2006, de 22 de mayo, FJ 2). 

9ª. Incluso existiendo razones fundadas de que una concentración puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes, la autoridad gubernativa, aplicando criterios de proporcionalidad, antes de prohibirla deberá utilizar, si ello es posible, la facultad que le reconoce el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 y proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración al objeto de que la reunión pueda celebrarse. 

10ª. Esta línea argumental es la que siguió la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en su sentencia 151/2020, de 30 de abril, en la que resolvió el recurso interpuesto por la Intersindical de Aragón contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Aragón de 22 de abril de 2020 por la cual se acordó prohibir la celebración de una manifestación comunicada para el 1 de mayo de 2020. 

En la sentencia, luego de descartar la limitación del derecho de reunión durante la vigencia del estado de alarma, así como también el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad propuesto por uno de los magistrados de la Sección a propósito del contenido del artículo 7 del Decreto 463/2020, el TSJ sostiene que lo que “debe explicar la Administración al prohibir la manifestación en cuestión, más allá de invocar de manera genérica la necesidad de combatir la pandemia, es en qué medida, en el caso concreto, limitada la participación a sesenta personas y todos ellos en vehículos individuales, puede suponer un riesgo objetivo y cierto de contagio y propagación de la enfermedad y esto es lo que no hace” (FJ 5). El TSJ concluye anulando la resolución administrativa recurrida y declarando procedente la comunicación de manifestación por la entidad recurrente, organizada para el día Primero de Mayo, en  las condiciones declaradas por dicha entidad: “participación de sesenta ciudadanos, en vehículo particular, cubierto, turismo, con un único ocupante en cada uno, sin que sea admisible la participación en otro tipo de vehículo no cubierto, esto es, motocicleta o bicicleta…” (FJ 6). 

Esta misma línea es la que siguieron, a mi juicio correctamente, otros TSJ cuando varias Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno prohibieron unas concentraciones convocadas por el partido Vox el 23 de mayo y también lo hizo la Delegación del Gobierno en Madrid cuando no prohibió la concentración “contra el uso de las mascarillas” el pasado mes de agosto; otra cosa son las consecuencias derivadas del incumplimiento de las medidas que se habían comprometido a seguir los promotores y que ese incumplimiento pueda condicionar el ejercicio de futuras concentraciones similares.

 

Cortes de Aragon

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