
Las elecciones del pasado 28 de abril han sido, probablemente, las más polarizadas de nuestra joven democracia. A pesar de la aparición y la consolidación de nuevos partidos en detrimento del criticado bipartidismo, éstos no han conseguido acabar con el tradicional enfrentamiento ideológico entre la izquierda y la derecha. De hecho, lo han acentuado todavía más, llevándolo a todo tipo de terrenos: inmigración, feminismo, religión, organización territorial, etcétera.
Nuestro país se encuentra en un momento clave de su historia por varios motivos. Por un lado, la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, que dañaría gravemente a nuestra economía, ya que, entre otros factores, el país británico es el tercer destino de nuestras exportaciones. Italia, otro de nuestros principales aliados, ha entrado en recesión económica. A pesar de que, según la OCDE, España está resistiendo a este fenómeno, no cabe duda que acabará mermando nuestro crecimiento. Todo esto, unido al cercano fin de mandato del presidente del BCE Mario Draghi, uno de los artífices de la recuperación económica española, parece indicar que el viejo continente no se encuentra precisamente en su mejor momento.
Además, España cuenta con sus propios problemas. El primero, el ya desgatado y hasta agotador conflicto con Catalunya, que va a condicionar, sin duda, las decisiones políticas de los próximos años. El segundo, y probablemente igual de importante que el anterior, la más que posible debilitación de nuestro Estado de bienestar. En los próximos 10 años, la generación del baby boom dejará sus puestos de trabajo y comenzará a percibir la jubilación, lo que generará un fuerte incremento del gasto público. Teniendo en cuenta que España cuenta ya con una deuda pública de 1.173.988 millones de euros, esta situación deberá ser contrarrestada por nuestros dirigentes políticos con implantación de una serie de medidas que, en caso de ser desacertadas, generarían consecuencias devastadoras.
A pesar de todo lo anterior, los principales partidos políticos se encuentran inmersos en guerras dialécticas que nada tienen que ver con lo anterior: la más que superada regulación del aborto (desde el año 2010 la cifra de abortos ha disminuido en más del 16%), la supuesta persecución a determinados partidos políticos por parte de los poderosos (sin aportar el nombre de ninguno de ellos), la legalización de la posesión de armas (teniendo en cuenta que somos el sexto país con menor tasa de asesinatos del mundo), la regulación de una ley histórica (no precisamente para cerrar heridas, sino para abrirlas en su propio beneficio) o que el único discurso político sea la defensa de la Constitución Española y el Estado de Derecho (sin aportar ningún tipo de medida ni adoptar ninguna posición política).
Por tanto, debido a la citada polarización de nuestra sociedad y la intencionada ausencia de debate de determinados problemas durante la pasada campaña electoral, nuestros políticos deberán hacer frente no solo a cómo ponerse de acuerdo, sino en qué y cuándo van a empezar a hacerlo. Los próximos años son cruciales y, aunque a veces no lo parezca, no estamos para bromas.