40 AÑOS DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ORDINARIA

Manuel Aragón Reyes


Magistrado emérito del Tribunal Constitucional Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid

Martes, 16 Febrero, 2021

La significación institucional de su función: construcción-consolidación del Estado constitucional

Acrecentada por varias razones:

a) En materia de derechos: no sólo por la generalidad y abstracción de los preceptos constitucionales sobre derechos (que ello no es privativo de nuestra Constitución), sino además por la carencia de una cultura jurídica preconstitucional sobre derechos fundamentales (que ello sí ha sido específico de España). Obligó al TC a ser el auténtico constructor de los derechos fundamentales, de su contenido y eficacia: prácticamente en todos, pero en especial sobre igualdad (extrayendo de ese derecho una rica y detallada jurisprudencia) y tutela judicial efectiva (concretando una variedad de derechos procesales incluidos en ella). Hoy, la garantía efectiva de los derechos fundamentales es posible, no sólo porque estuviesen previstos en la Constitución, sino gracias a la doctrina del TC.

b) En materia de la forma de gobierno: por la carencia preconstitucional de una cultura jurídica de Estado democrático y régimen parlamentario. Ello ha obligado al TC a concretar los preceptos constitucionales (inevitablemente genéricos) acerca del  régimen electoral, la democracia representativa, el procedimiento legislativo, los derechos de los parlamentarios, el control parlamentario del Gobierno, etc.

c) En materia de la organización territorial del poder: dada la complejidad e incluso, a veces, ambigüedad, de los preceptos constitucionales y estatutarios sobre el Estado autonómico. Si en todo Estado territorialmente compuesto la función de la jurisdicción constitucional es insustituible, en el nuestro, por las razones dichas, lo ha sido más aún: “Estado jurisdiccional autonómico”.

Me detendré en el Estado autonómico: objeto más concreto de esta Jornada[1]

a) Su doctrina general sobre la caracterización del modelo.

Desde el comienzo de sus actuaciones, el TC ha tenido que concretar y aclarar el marco jurídico regulador de la organización territorial del poder. Doctrina importante, y en general acertada. Se pueden criticar algunas de sus decisiones, pero ello no invalida la importancia decisiva de su contribución, sin la cual el Estado autonómico, sencillamente, no hubiera funcionado. Hoy, el Estado autonómico está definido en sus líneas generales gracias al TC, que ha venido, a lo largo de cuarenta años, concretando la distribución de competencias, las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, la distinción entre soberanía y autonomía, así como el equilibrio entre la unidad y la diversidad dentro del Estado y del ordenamiento jurídico.

b) Su doctrina sobre el significado y funciones de los estatutos de autonomía, como normas institucionales básicas subordinadas a la Constitución y de elaboración (no exactamente de aprobación) y reforma paccionadas.

c) Su doctrina sobre la función y el contenido de la legislación básica: concepto material de lo básico, formalización legal con excepciones, carácter móvil del contenido de lo básico.

d) Su interpretación del art. 155 CE: medida de excepción, controlable mediante la razonabilidad y no la proporcionalidad.

e) Su defensa del ordenamiento constitucional frente a los intentos de secesión territorial: unidad de la nación, no derecho de autodeterminación.

La función del TC como supremo intérprete de la Constitución, en especial en materia de organización territorial

A veces, incluso por algunos juristas, se ha criticado que el TC imponga un determinado  contenido de la Constitución. Esa crítica es lícita, pero no invalida el hecho de que es el Tribunal y sólo él, quien puede y debe interpretar de manera suprema y definitiva lo que la Constitución significa y lo que ella, en cada uno de sus preceptos, dispone. Ello es obvio, lo importante es la razonabilidad de su interpretación. Y por ello, la crítica sólo puede fundamentarse en discutir esa razonabilidad. A mi juicio, en líneas generales, la interpretación atribuida por el TC a las disposiciones constitucionales sobre la organización territorial del poder (que las hay, por supuesto, ya que de lo contrario no sería posible el control constitucional de los estatutos de autonomía) ha estado sólidamente razonada.

Cosa bien distinta es que la Constitución debiera reformarse para concretar más (y por ello reducir algo el papel del TC) la organización del Estado autonómico. Pero mientras ello no suceda, creo que, si se aplica (lo que no siempre se hace, ni por el Estado ni por las comunidades autónomas) la doctrina del Tribunal, el Estado autonómico podría funcionar mejor de lo que hasta ahora está sucediendo.

Problemas del TC

Estructurales:

a) Respecto de la designación de sus magistrados: crítica de las “cuotas”. Crítica de los “retrasos” en las renovaciones. Problema de las renovaciones parciales en bloques. Apariencia de politización.

b) Mejora en la redacción de las sentencias. Eliminación de los retrasos en decidir.

Doctrinales:

a) Laxitud de su doctrina sobre los decretos-leyes y las leyes “ómnibus”.

b) Discutible doctrina última sobre la prevalencia del Derecho del Estado sobre el de las Comunidades Autónomas.

c) No completa asunción de la conexión Constitución-Derecho de la Unión Europea.

d) Administración imprecisa de la reforma del recurso de amparo efectuada en 2007.

e) Exceso de sentencias interpretativas en supuestos de clara inconstitucionalidad.  

Balance

Al margen de los problemas señalados, que convendría resolver, lo cierto es que, si se analiza con objetividad su función crucial de dotar de efectividad a la Constitución, creo que el balance que puede hacerse del TC en sus cuarenta años de existencia es claramente positivo. Se trata, sin duda, de una de las instituciones del Estado que mejor están funcionando en el cumplimiento de su cometido. A diferencia de lo que sucede con el poder legislativo y el poder ejecutivo, aquejados, en los últimos años, de graves deficiencias.

No conviene olvidar que el correcto desarrollo de la democracia constitucional no puede sostenerse sólo en el buen hacer del poder jurisdiccional (TC y jurisdicción ordinaria) si ese mismo buen hacer no se da en la actuación del poder político (formalizado en gobiernos y parlamentos, pero dependiente de los partidos). Esa es la penosa situación en que, a mi juicio, ahora nos encontramos, caracterizada por el declive de las funciones del parlamento, la desbordante función del gobierno, alérgica al control y, sin embargo, más empeñada en comunicar que en gobernar, y la transformación cesarista de los partidos. No creo que estos problemas pueda solucionarlos, por sí solo, el Tribunal Constitucional, pues pertenecen más al ámbito de la política que de la jurisdicción.

 

[1] Resumen de la ponencia impartida por D. Manuel Aragón Reyes con motivo de la Jornada organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad titulada “Miradas diferentes al Tribunal Constitucional”, celebrada el día 16 de febrero de 2021.

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